Los  diputados  iniciales  de  la  VII  Legislatura  fueron nombrados el 13 de  agosto de 1876. La Cámara quedó instalada el 15  de septiembre del mismo  año, siendo  Gobernador  del Estado Filomeno  Bravo y  Presidente de  México don Sebastián Lerdo de  Tejada. Los  miembros iniciales de esta Legislatura desaparecieron  para dar paso a nuevas elecciones para diputados el 27 de junio de 1877.

VII LEGISLATURA (1877-1879)

El 2 de julio de 1877 se constituyó esta VII Legislatura y abrió, a  partir   de esa  misma fecha,  su primer período de sesiones extraordinarias.

Transcurridas las primeras acciones legislativas, Ramón R. de la Vega,  el importante  reformador, renunció como diputado y participó en  las elecciones  para senador. También se aprobó un proyecto  de decreto que nombraba Benemérito del Estado al General Porfirio  Díaz. El  13 de julio de 1877, mediante una convocatoria de la comandancia  militar, es electo Gobernador del  Estado   el  general   Doroteo  López,  que había  sido Gobernador  Interino   hasta  un   día  antes.  Sin  embargo, inicialmente los miembros de la comisión especial no pudieron decidir el tiempo que ocuparía legalmente tal cargo, hasta no ver restablecido  el  orden  constitucional  en  los  poderes supremos  del  Estado.  La situación  hasta  esos  días  era delicada, por  las  diferencias entre los poderes legislativo y ejecutivo. Días  después se zanjaron y  Doroteo López tomó la  gubernatura bajo  el juramento del Plan de Tuxtepec, reformado en  Palo Blanco.  El 18  de agosto del mismo año se aprobó que el cargo comprendiera cuatro años, a partir del 13 de julio.  Ya reorganizada  la  relación  entre  los  poderes legislativo y ejecutivo, la  VII Legislatura procedió a hacer lo mismo  con el poder judicial, proponiendo algunas reformas a  la   Ley  Reglamentaria   de  Justicia,   para que   sus disposiciones no contravinieran, como ocurría al momento, los preceptos  constitucionales.  De  ahí  que  basándose  en  el artículo 115  de  la  Constitución  del  Estado,  dispusieron terminantemente que los magistrados fueran designados por esa Soberanía Popular.  Los diputados consideraron la posibilidad de iniciar  la construcción del  Palacio de Gobierno. No obstante, las  rentas del Estado no excedían anualmente los $ 80,000, por lo que dicha obra tuvo que esperar.

Fueron nombrados,  también los primeros senadores al Congreso de la Unión: Leonides Torres y Pedro A. Galván, propietarios; y Ramón R. de la Vega e Isaac Banda, suplentes El Congreso  suspendió unas elecciones municipales convocadas por  el   gobernador  Doroteo   López, por   no  ser  de  su competencia. Este lamentó la aparente falta de armonía  entre los poderes; y los diputados  argumentaron  que  el Congreso sólo se atenía a "la observancia exacta  de la Ley, mirando ante todo por el bien y prosperidad del  pueblo  colimense''.

El dilema, en síntesis, se planteaba así: los diputados no le disputaban el derecho al Gobernador de aprobar  o  desaprobar las elecciones, siempre que hubiera dado cuenta  al  Congreso para su revisión.

Aparte de  esto,  arguyeron  que  durante  20  años  de  vida política constitucional  en Colima  m s de 50 personas habían ocupado los cargos de  gobernadores y diputados, y en ningún caso el gobernador había nombrado  funcionarios cuya elección correspondiera al pueblo.

En diciembre de 1877 la división política del Estado era como sigue:

Continuando  con  el  inflexible  sistema  de  impuestos,  la Legislatura recibió  un ocurso  de los  representantes de las fábricas  de   San Cayetano,   La  Armonía   y  La  Atrevida solicitando que  el algodón  con semilla que se introdujera a la   capital colimense  pagara sólo  la tercera  parte de las contribuciones impuestas.  Recordemos que  en 1873  se habían instituido  premios para  los productores  cafetícolas que cosecharan  en una  sola zafra  m s de  100 quintales  de café. Pues  bien, la  compañía  cafetalera  de  Coastecomatlán exigió a  la Legislatura  su  respectivo  premio  por  haber sobrepasado esa  cantidad.

El  Ejecutivo,  a  iniciativa  del Congreso, pagó  la cantidad  de $ 500 como estímulo. Mientras tanto,   los diputados   desaprobaron   por mayoría   el establecimiento   de un  periódico redactado  y dirigido  por ellos mismos,  ya que  se sacrificaría  la  independencia  de opiniones.  No dejó  de ser  un reflejo  de la  polémica legislativa, el  hecho de  que en   una  de las  sesiones del Congreso la  Comisión de Gobernación acusara a Filomeno Bravo de  ser   el  causante  del  ``pesado  yugo  de  la  solapada dictadura'' que  padeció Colima  antes del Plan de Tuxtepec; contrariamente, enalteció  el  mandato  del  general  Doroteo López cuando,  por expresas  disposiciones de Porfirio  Díaz, evitó -según  aclararon los diputados- un conflicto armado de características    funestas  para  la  localidad,  aparte  de reconocerle  "su prudencia  y  exquisito    tacto''  y  los importantes servicios  que en la misma época había prestado a los colimenses. Uno  de éstos  había sido  iniciar  la construcción del Palacio de  Gobierno en la que, a noviembre de 1878,  se llevaban  invertidos m s  de $  16,000; al mismo tiempo, el  Congreso declaró que el gobernador López no había incurrido en  responsabilidad objetable  durante  su  mandato político y militar.   También aprobó y revalidó sus actos en todos los  ramos de  la administración   pública, y le dio su voto de  gratitud. En esta etapa políticamente convulsionada, Filomeno Bravo,  en diciembre   de  1878, lanzó  una proclama opuesta al  mando institucional  y se  autonombró General  de Brigada  y   Gobernador  Constitucional  de  Colima.  Además, publicó un  documento haciendo  cargos contra  el gobierno de Doroteo López,  quien respondió   que  no iba  a permitir que nadie turbara  la tranquilidad  social. En  ese  tiempo  eran urgentes las medidas relacionadas con la toma y  distribución del agua para reactivar la agricultura. Por ello, el Congreso aprobó un  proyecto de ley que concedía a Francisco Rivas por 9 años  el privilegio  exclusivo de perforar pozos artesianos en el  Estado.

La  Cámara aprobó  también que Francisco Santa Cruz pagara  $ 9,000 por los derechos de explotación de pozos salineros, cantidad  que se destinaría a la  construcción del Palacio de Gobierno.

En este  período  murió  Juan  Nepomuseno  Salazar,  diputado propietario, y  su lugar  fue ocupado por Ignacio  Corona. En el   debate legislativo   prosiguieron   los   encontrados planteamientos sobre  la pena  de muerte,  sin lograr  aún su abolición.  La   instrucción  pública denotaba  síntomas  de atraso. Preocupados,  los  legisladores aprobaron un proyecto de ley  para promoverla y mejorarla que proponía con urgencia reorganizar el Liceo del Estado y aumentar los sueldos de los catedráticos; y  que cada  tres años el Congreso nombrara una Junta Directiva de la Instrucción Pública compuesta por nueve ciudadanos de  ``los m s respetables por sus virtudes cívicas y domésticas''. Asimismo,  la Legislatura    aprobó  el Decreto No.  170 del  24 de  mayo de  1879, que  contenía  el Reglamento de  Instrucción y Beneficencia Pública, y la Ley sobre Subvenciones  a   Estudiantes. En noviembre de 1879 los diputados recibieron  un comunicado invitándolos a aportar el 1% de  sus dietas  cada mes,  para contribuir  a liquidar  la deuda  con Norteamérica.

Doroteo López  envió al Congreso una iniciativa de reforma de gran importancia  democrática, sobre  la  no  reelección  del gobernador del Estado: el  término establecido para el cargo era de cuatro años y sólo después de cuatro de  receso podría ocuparse nuevamente.

 Otra vez surgió la esperanza de una apertura comercial hacia los  centros  de  población  m s  importantes  del  País,  al conocerse un comunicado del  Ejecutivo federal,  de marzo de 1878, aprobando un contrato para construir una vía  férrea de Manzanillo a  Tonila. Esto, como es  fácil suponer, despertó otra  vez   las perspectivas  empresariales   de   muchos colimenses. No  obstante, esta  ilusión sólo se concretaría unos años  m s tarde.  Era frecuente  que en las sesiones del Congreso se  leyeran solicitudes  de   reos para conmutar sus penas  por  el  servicio  de  las  armas.  Sin  embargo  eran denegadas, pues las leyes no permitían el ingreso de ladrones y criminales  al ejército. A  su vez  se declaró vigente el decreto expedido  en 1868 que, entre  otras cosas, imponía al salteador  de   caminos  la   pena capital.  De  hecho esta Legislatura debió  concluir por  decreto el  16 de septiembre de 1879. Sin embargo, dadas las anormalidades impuestas por  los   sucesos  de  Tuxtepec  y  la  desaparición  de  la Legislatura en 1877, siguió ejerciendo  sus funciones aunque, ya a partir de  ese año, el poder judicial había desconocido la validez de sus actos.

En enero  de 1877, el Congreso seguía trabajando normalmente. El 29  del mismo mes los legisladores fueron convocados a una reunión urgente.  Después de estas referencias, ya no aparece en los libros ningún registro de los miembros iniciales de la VII Legislatura.