XLVII LEGISLATURA (1982-1985)


DIPUTADOS PROPIETARIOS
DIPUTADOS SUPLENTES
   
HAYDEE QUIÑONES SILVA GRACIELA PEREZ ORDOÑEZ.
 EPIGMENIO PLASCENCIA RANGEL GRACIELA LARIOS RIVAS.
JUAN MESINA ALATORRE LUIS REBOLLEDO ZAMORA.
LIBRADO SILVA GARCIA MIGUEL VILLALOBOS CORTES
CUAUHTEMOC CHAVEZ RIOS MIGUEL SALAZAR ABAROA.
RAUL ALVAREZ ALCARAZ RUBEN ROSAS GARCIA.
CECILIO LEPE BAUTISTA LIC. FRANCISCO J. BARBA
   
PLURINOMINALES
   
J. MIGUEL CASTAÑEDA F. DAVID SUAREZ GUZMAN                            PAN
IGNACIO CUEVA MARTINEZ ATILANO GARCIA ALCANTAR                   PST


El 10 de septiembre de 1982 inició sus actividades esta XLVII Legislatura   con  su  primer  junta  previa,  a  la  que  se presentaron los presuntos diputados:   Haydé Quiñones Silva, Epigmenio Plascencia  Rangel, Juan  Mesina Alatorre,  Librado Silva García,  Cuauhtémoc Chávez Ríos, Raúl Alvarez Alcaraz y Cecilio Lepe  Bautista. Al elegirse la mesa provisional quedó constituido, junto  con la  Diputación Permanente, el Colegio Electoral que  calificaría las  elecciones del 4 de julio  de 1982. El  13  de  septiembre  del  mismo  año  se declararon diputados  plurinominales   al  Ing.  José  Miguel  Castañeda Flores, del  PAN; y  a Ignacio  Cueva Martínez,  del PST. El viernes 1o.  de octubre de 1982, a las 11:00 hrs., se llevó a cabo la   sesión  solemne de instalación de esta Legislatura, ante la  presencia de los  titulares de los poderes ejecutivo y judicial: Licdas. Griselda  Alvarez y Margarita Torres Huerta, respectivamente; y bajo  la presidencia del diputado Lic. Librado  Silva García. Se nombró a la Licda. Rocío López Llerenas Oficial Mayor del Congreso y al C.P. Gilberto Guzmán Casillas Contador  General de Glosa, el 4 de octubre de 1982. Durante estos meses finales del año se deterioró la situación económica   del País,  lo cual se reflejó en la gran cantidad de solicitudes  de ampliación  de  partidas presupuestales de los  municipios,   que  a   su  vez despertaron   opiniones encontradas  entre   los  diputados.  Unos  opinaban  que  se aceptaran las  solicitudes,  porque los precios de materiales y servicios  habían subido y, por lo tanto, los ayuntamientos tenían que  afrontar dichos aumentos; otros, que debido a que sólo les  quedaban dos meses de ejercicio, deberían limitarse a ejercer el  presupuesto aprobado sin ampliación.

Era la  época  de  incertidumbres  y  de  grandes  conflictos sociales, la   transición  del régimen  del  presidente  José López  Portillo  al  de Miguel  de  la  Madrid  Hurtado.  La sorpresiva  nacionalización   de  la   banca  en  el  mes  de septiembre  había  evidenciado  la  ruptura entre  el  grupo gobernante y  los sectores  del gran    capital.  La  actitud extrema del  régimen influyó en los Congresos de los Estados, que intentaron  proteger a  los sectores  populares.

Así por ejemplo, el Congreso del Estado de Coahuila envió al de Colima copia de una iniciativa que congelaba las cuentas bancarias en moneda  extranjera  y  proponía investigar  en   la  banca   quiénes  sacaron   capitales  al extranjero  para   sancionarlos;  el  Congreso  de Michoacán promulgó una  Ley de  Congelamiento  de  Rentas  y  envió  al Congreso  de   Colima  copia  de  la  misma.  Debido  a  esta situación, en  Colima, el  Congreso discutió  la necesidad de legislar sobre  un Código  o Reglamento Inquilinario, pues la prensa local comentaba  que  este  Congreso  congelaría  las rentas. Debido  a estos rumores, que  habían salido del mismo Congreso,   éste  se  vio precisado   a   organizar   sus declaraciones  a   la  prensa,  definiendo  los  conductos  y carácter de  las mismas,  y a precisar algunas informaciones. El Congreso  se erigió en Colegio Electoral el 3 de diciembre de 1982  para   calificar  las  elecciones  para  presidentes municipales realizadas  el 21  de   noviembre de  ese año,  y aprobó el Decreto No. 9 que las declaró legales (332).

Durante la  sesión del  10 de diciembre de 1982 se manifiestó la preocupación  de los legisladores locales por la situación de los trabajadores, seriamente   golpeados  por  la  crisis económica. Se hicieron pronunciamientos del Congreso apoyando las demandas  de aumento  salarial de  los  trabajadores  del Ayuntamiento de  Colima  y  la  solución  de  los  conflictos laborales en  los demás  ayuntamientos (333). El 8 de febrero de 1983, el Congreso del Estado asumió las funciones de  Gran Jurado  para   dictaminar  sobre   los   hechos   delictuosos  atribuidos a  Agustín Michel  Chavira y  al Profr.  J. Merced Figueroa   Arias,    Presidente   Municipal    y    Tesorero, respectivamente, del Ayuntamiento de  Minatitlán  1980-1982. Fueron declarados  culpables  de  los  delitos  de  abuso  de autoridad y  peculado. Inmediatamente  se giraron los oficios respectivos, tanto  al Procurador  de   Justicia  como  a  la Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia. El Profr. Merced Figueroa también  fue destituido como regidor propietario del mismo   Ayuntamiento. El  29  de  marzo  del  mismo  año,  el Congreso del  Estado volvió  a asumir  sus funciones  de Gran Jurado, pero  ahora para  dictaminar el  asunto de la Profra. Rosa María  Espíritu Macías, expresidenta del Ayuntamiento de   Armería.   Igualmente se  dictaminó  que  el  expediente  del Tesorero de  ese Ayuntamiento fuera turnado directamente a la Procuraduría General del Estado.

El diputado  Lic. Librado Silva García fue comisionado por la Gobernadora, el  26 de  abril de  1983,  para  desempeñar  el puesto de  Oficial Mayor de Gobierno, por lo que en esa fecha pidió licencia  para  separarse  de  su  cargo  de  diputado. Aprobada su  solicitud, entró en funciones una semana después su suplente,  Miguel Villalobos  Cortés (334).  En esa  misma fecha  se   resolvió    trasladar  la  Cámara  a sus  nuevas instalaciones.

El 2 de agosto de 1983 se aprobó la Ley para regular la Venta y Consumo  de Bebidas  Alcohólicas, abrogándose  la del  5 de diciembre de 1958.

Las  nuevas   instalaciones  fueron   inauguradas  por   esta Legislatura cuando  se aprobó  el Decreto  No. 94  del 29  de agosto de  1983, que  declaraba  recinto  oficial  del  poder legislativo el  edificio construido  para tal  fin en Calzada Galván y Los Regalado. Sus oficinas anteriores se encontraban en la  planta baja del Palacio de Gobierno. En sesión pública y  solemne   realizada  el  19  de  septiembre  de 1983,  la gobernadora Alvarez  rindió su IV Informe de Gobierno ante el pleno del  Congreso y  la Presidenta  del Supremo Tribunal de Justicia, Licda.  Margarita Torres   Huerta.  En esta ocasión asistió, como  representante personal  del Presidente  de  la República,  el   Lic.  Jesús Reyes  Heroles,  Secretario  de Educación Pública.  La Gobernadora informó de las importantes obras públicas  realizadas, como  los Palacios Legislativo y de  Justicia;  y  de  manera  especial,  de  la  educación  y prevención  de  la  delincuencia  juvenil,  la  planificación familiar y  las reformas   procesales relativas a los delitos sexuales. En  septiembre de  1984, el Congreso local discutió las reformas  a la Ley   Electoral Estatal, que ampliaron el número   de   diputados,   tanto   distritales   como   de representación proporcional.  Con esta reforma los distritos electorales del   Estado  pasaron de  7 a  10, además  de los diputados plurinominales,  que eran  elegídos en  relación al
número de votos logrados por los partidos.

El 19 de ese mismo mes, la Gobernadora rindió su V Informe de Gobierno; ante  el pleno  de la  Cámara  y  el  representante personal del  Lic. Miguel de la Madrid, el Ing. Luis Martínez Villicaña, Secretario  de la  Reforma Agraria. La Gobernadora dividió su informe en dos partes complementarias: la primera, dedicada a  referir los  hechos y  obras de  su gobierno;  la segunda, a  registrar los  datos estadísticos  por  orden  de actividad. Terminaba  con un  mensaje  político,  realista  y honesto.

La Legislatura  discutió y  aprobó, en  su sesión  del  5  de diciembre de  1984, la  Ley Orgánica  Municipal. Esta  Ley ha sido muy importante en  el desarrollo  de los  municipios: a partir de  este ordenamiento,  fue posible una reglamentación municipal autónoma  de todos los aspectos importantes para su desarrollo (335).

Al  considerar que  el Código  Penal vigente  necesitaba una adecuación muy  profunda a  los tiempos  actuales, ya que los cambios gestados  en la sociedad la habían hecho obsoleta, se optó por  elaborar uno  nuevo. El  3  de  julio  de  1985  se presentó el  dictamen sobre dicho ordenamiento,  aprobándose por unanimidad  mediante el  Decreto No.  249. En  1985  hubo elecciones  para   gobernador, presidentes   municipales   y diputados, que  se llevaron  a cabo el domingo 7 de julio. El 16 el  Congreso se   erigió  en Colegio  Electoral  y el  17 dictaminó la  validez de las elecciones para gobernador y, en consecuencia, se  declaró Gobernador Constitucional Electo al Lic. Elías  Zamora  Verduzco   (336).  El  diputado  Miguel Castañeda  Flores   impugnó  el  dictamen,  diciendo  que  su partido, el  PAN, se inconformaba porque  las elecciones  no habían sido   limpias, ni se había respetado la libertad y el secreto de  voto. El  diputado por  el PPS,  Ignacio  Cueva Martínez, dijo,  en cambio:  ``las votaciones  se  realizaron conforme a  lo establecido  en la Ley'' y que, como militante de un  partido de  izquierda, aceptaba  la  derrota;  expresó también que  le sorprendía la  complicidad de los partidos de izquierda y de derecha en el intento de nulificar una  acción ciudadana que  se había manifestado expresamente con su voto, y votó en favor del dictamen. El diputado Mesina, del PRI, se pronunció en favor del dictamen, señalando que las elecciones se  llevaron  a  cabo  con  limpieza  y  que  los ciudadanos colimenses votaron con toda libertad; y criticó la actitud de la   ultraderecha, que  sólo se  proponía  desestabilizar  un proceso limpio  y ajustado a derecho. Finalmente, el diputado Presidente, Raúl  Alvarez  Alcaraz,  sometió  a  votación  el dictamen, que fue aprobado por mayoría de votos, y se expidió el Decreto  No. 250 de esa Legislatura. El 4 de septiembre de 1985 se  aprobó por  unanimidad la  nueva Ley   Orgánica  del Poder Legislativo para el Estado de Colima, expidiéndose para tal efecto  el Decreto No. 261. En sesión ordinaria del 30 de septiembre de  1985, la  XLVII Legislatura   llegó  a su fin. Reunidos todos  los diputados,  el  presidente  Raúl  Alvarez Alcaraz se despidió y, en nombre de la Legislatura, agradeció a  todos  y  a  cada  uno  de  los  empleados  su  trabajo  y colaboración.