Comunicado de Prensa


Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley para la Integración y Desarrollo Social de las personas con Discapacidad, con el objetivo de garantizar a quienes tienen una discapacidad permanente y que por su condición económica estén en situación de vulnerabilidad y así lo requieran, tengan acceso a los aparatos para movilidad asistida, que consisten en muletas, bastones, andaderas y sillas de ruedas.


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Congreso aprueba garantizar aparatos para movilidad asistida a personas con discapacidad permanente.

Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley para la Integración y Desarrollo Social de las personas con Discapacidad, con el objetivo de garantizar a quienes tienen una discapacidad permanente y que por su condición económica estén en situación de vulnerabilidad y así lo requieran, tengan acceso a los aparatos para movilidad asistida, que consisten en muletas, bastones, andaderas y sillas de ruedas.

El dictamen a la iniciativa presentada el pasado 10 de enero por la Diputada del Partido del Trabajo, Ana Karen Hernández Aceves, fue leído en tribuna por su homólogo de Morena, Arturo García Arias, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, el cual recibió el beneplácito unánime.

El Decreto establece que dentro de los 180 días siguientes a su entrada en vigor, el Instituto Colimense para la Discapacidad, en coordinación con los diez ayuntamientos, Sector Salud, instituciones públicas y privadas de asistencia social y demás autoridades competentes, debe elaborar un censo para tener un padrón y ubicar a las personas que tienen alguna discapacidad permanente en nuestra entidad y por su precaria situación necesiten de muletas, bastones, andaderas y sillas de ruedas para desplazarse.

El documento agrega que una vez que Incodis cuente con ese padrón, debe entregarlo a los ayuntamientos y al titular del Poder Ejecutivo, para su constante actualización y que a partir de sus Presupuestos de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020, en la medida de sus posibilidades financieras, contemplen una partida para la emisión de un programa o demás acciones que consideren pertinentes.

Estas medidas deben garantizar el acceso de toda aquella persona con discapacidad permanente, que por su condición económica se encuentre en situación de vulnerabilidad y así lo requiera, a los citados aparatos que les permitan una movilidad asistida.

La iniciativa de la Diputada Karen Hernández considera que la discapacidad es una condición que afecta el nivel de vida de un individuo o de un grupo; “esta condición genera un reto para la vida, pero no tiene por qué significar un abandono, ni una condena de inmovilidad”.

Consideró que las personas con discapacidad (minoría más amplia del mundo) tienen menos oportunidades económicas, peor acceso a la educación y tasas de pobreza más altas, principalmente por falta de servicios que les faciliten la vida, como acceso a la información o al transporte, y porque tienen menos recursos para defender sus derechos.

“A estos obstáculos cotidianos se suman la discriminación social y la falta de legislación adecuada para proteger a los discapacitados”, estableció la legisladora del Partido del Trabajo.

Dijo que las personas con discapacidad son más a menudo víctimas de la violencia: los niños discapacitados tienen cuatro veces más posibilidades de ser víctimas de actos violentos, igual proporción que adultos con problemas mentales; “la ignorancia es parte responsable de la estigmatización y discriminación que padecen las personas discapacitadas”, acotó.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce que la existencia de estas barreras es un componente esencial de su marginación y subraya que la discapacidad es concepto evolutivo "resultado de la interacción de personas con disfunciones, problemas de actitud y de entorno que socavan su participación en la sociedad", puntualizó Hernández Aceves.

La accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad son derechos fundamentales reconocidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades; son las condiciones sin las cuales no pueden disfrutar de sus otros derechos.

La Convención pide que las personas con discapacidad puedan llevar una vida independiente y participar de forma activa en el desarrollo de la sociedad y solicita a los Estados que tomen las medidas apropiadas para darles pleno acceso a la actividad cotidiana y eliminar todos los obstáculos a su integración.

En este contexto, está demostrado que una vez eliminados los obstáculos a la integración de las personas discapacitadas, éstas pueden participar de manera activa y productiva en la vida social y económica de sus comunidades, ponderó la legisladora del PT.

“Es por ello que reafirmo mi compromiso de trabajar juntos por un mundo mejor, que sea inclusivo, equitativo y sostenible para todos, y en el que los derechos de las personas con discapacidad se hagan plenamente efectivos; recordemos que no es la discapacidad lo que hace difícil la vida, sino las barreras que pone la sociedad”, concluyó Ana Karen Hernández.

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