Comunicado de Prensa


La Diputada Jazmín García Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó al Congreso del Estado una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Constitución local en torno a la defensoría pública de Colima, y crear la Ley del Instituto de la Defensoría Pública en nuestra entidad, turnándose a comisiones para su análisis y dictaminación.


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Presenta Jazmín iniciativa para crear Ley del Instituto de Defensoría Pública.

La Diputada Jazmín García Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó al Congreso del Estado una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Constitución local en torno a la defensoría pública de Colima, y crear la Ley del Instituto de la Defensoría Pública en nuestra entidad, turnándose a comisiones para su análisis y dictaminación.

Expuso que a lo largo de los últimos años, la ciudadanía colimense ha sorteado la problemática de no tener una defensa jurídica asegurada, gratuita, eficaz, efectiva, que vele por el pleno cumplimiento de los Derechos Humanos.

“Si bien las y los defensores de oficio y nuestro sistema de Defensoría Pública en Colima han hecho un trabajo titánico, se necesita una defensoría pública autónoma, con mayor peso en la administración pública y basada en los estándares internacionales”, consideró García Ramírez.

Dijo que como miembros del Poder Legislativo “es nuestro deber implementar leyes que hagan efectivas las garantías contempladas en los tratados internacionales firmados por los Estados Unidos Mexicanos”.

Por lo que -dijo la legisladora de Morena- se deben buscar mecanismos para dar independencia y autonomía funcional a la Defensoría Pública de nuestra entidad, a fin de asegurar el pleno ejercicio del derecho a la defensa de las personas.

La iniciativa busca reformar el artículo 85 de la Constitución local para establecer que el Estado garantizará un servicio de defensoría pública profesional, gratuito y de calidad para toda aquella persona que no esté en condiciones de retribuir los servicios profesionales de un abogado postulante y que requiera asesoría o representación jurídica en materia penal, así como en el ámbito familiar, administrativo, fiscal, mercantil y civil.

La defensoría se ejercerá a través del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Colima, el cual será un órgano autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que contará con autonomía técnica, financiera y de gestión en los términos previstos de esta Constitución.

La Ley del Instituto de Defensoría Pública fijará su organización, atribuciones y competencia; también establecerá el servicio profesional de carrera para los servidores públicos adscritos a dicho Instituto. Las percepciones de los defensores públicos y asesores jurídicos no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.
De manera complementaria, García Ramírez sometió a la consideración del Pleno la iniciativa con proyecto de Decreto para expedir la nueva Ley del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Colima.

Argumentó que en nuestro estado, la defensoría pública carece de independencia financiera, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión. “En diferentes entidades de nuestro país la situación es similar, con diversas variables, pues en algunos estados la defensoría pública depende del Poder Judicial y en otros ubican a esta dependencia en el Poder Ejecutivo”.

Debatir y tratar la naturaleza jurídica idónea de la Defensoría Pública de nuestro Estado es una excelente oportunidad para  asegurar y velar por los derechos humanos de todas las personas en nuestro territorio, enfatizó la legisladora morenista.

La iniciativa de Ley con proyecto de Decreto pretende abrogar la Ley de la Defensoría Pública del Estado de Colima, para expedir la nueva Ley del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Colima.

Esta Ley es de orden público, observancia e interés social y sus objetivos son regular la prestación de los servicios de defensoría pública gratuita, con calidad y profesionalismo en asuntos del fuero común, a fin de garantizar el derecho a la defensa, orientación, asesoría y representación jurídica en materia penal, familiar, civil, administrativa, fiscal, mercantil, agrario y de amparo.

Así como para la solución de controversias a través de medios alternos a efecto de establecer las bases que tutelarán los procedimientos y garantizarán los derechos humanos de la ciudadanía colimense en el respeto de los derechos humanos y la protección de los intereses de los beneficiarios.

El fundamento y los principios de esta Ley se sustentan en el derecho humano de salvaguardar la libertad, la integridad y el acceso a la justicia a través del debido proceso en igualdad de condiciones ante los órganos jurisdiccionales; así como la tutela judicial efectiva y una defensa jurídica gratuita, de calidad y eficiente.

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